Querido lector: hoy te comparto sobre nuestro Insurgente. Lo nombro así porque conecta Zinacantepec, Estado de México, con uno de los puntos neurálgicos de la capital: Observatorio. En aproximadamente una hora une dos valles y puede ahorrar hasta hora y media en comparación con un viaje que dura dos horas y media. Para quienes somos originarios de Álvaro Obregón, esos minutos también forman parte de nuestro día a día.
Con casi 58 kilómetros y siete estaciones, enlaza hogares, escuelas y lugares de trabajo. Desde Observatorio es posible continuar en la Línea 1 del Metro, tomar el RTP y otras rutas del transporte público, o dirigirse a la Terminal Poniente para viajes fuera de la ciudad. Santa Fe y Vasco de Quiroga completan una conexión fundamental para el poniente de la capital.
La envergadura de la ingeniería merece reconocimiento: cerca del 86 % del recorrido es elevado. Viaductos, túneles y un puente atirantado de 515 metros permiten superar desniveles y obstáculos. Sin embargo, la complejidad técnica no explica por sí sola la demora que ha atravesado tres administraciones federales.
La construcción inició en julio de 2014, durante el mandato de Enrique Peña Nieto, y se anunció su puesta en marcha para diciembre de 2017. Andrés Manuel López Obrador inauguró las fases hacia Lerma y Santa Fe, pero dejó pendiente el tramo hacia Observatorio. Claudia Sheinbaum inauguró la sección final el 2 de febrero de 2026: once años y siete meses después del inicio y más de ocho años tras la fecha prometida.
El presupuesto también sufrió modificaciones. Inicialmente, la SCT informó de 38 mil millones de pesos; el Programa Nacional de Infraestructura contemplaba 38 mil 608 millones. Para 2018, la cifra ascendió a 59 mil 216 millones. En la apertura de 2026, el Ejecutivo mencionó cerca de 100 mil millones, mientras que un documento del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de 2025 reportaba 140 mil 134.8 millones como inversión total registrada. Son cifras que deben reconciliarse y no confundirse con el gasto efectivamente desembolsado.
Los retrasos se debieron a múltiples factores: derechos de vía no resueltos, desacuerdos con comunidades y ejidatarios, amparos, bloqueos, cambios en el trazo y dificultades administrativas. Una investigación académica basada en auditorías de la ASF documentó 64 convenios modificatorios para nueve contratos entre 2014 y 2021. No demuestran corrupción por sí solos, pero sí generan interrogantes sobre la planificación y supervisión de la obra.
En 2024, el gobierno capitalino admitió que la caída de una lanzadora y problemas sociales afectaron los cronogramas hacia Observatorio. Mientras tanto, vecinos como yo experimentamos cierres, desvíos y calles intervenidas: el costo de una obra también se mide en los años que altera la vida diaria.
Nuestro Insurgente representa una oportunidad de movilidad que vale la pena aprovechar. Reconocerla no elimina la exigencia de transparencia. Una obra pública debe evaluarse por el tiempo que devuelve a las personas, su seguridad y la responsabilidad con que administra el dinero público. Tras tantas promesas, los vecinos merecemos que conectar territorios también signifique cumplir. La inauguración debe marcar el inicio de un servicio confiable, mantenimiento adecuado y una rendición de cuentas clara.
