Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, lideró la ceremonia de apertura del nuevo Hospital General del IMSS Bienestar en Jiutepec, Morelos. Esta obra, que demandó una inversión de 715 millones de pesos, ofrecerá atención médica a más de 200 mil personas de la zona.

En el evento inaugural, la presidenta federal destacó que el acceso a servicios de salud debe ser visto como un derecho y no como un privilegio que dependa de la situación económica de los ciudadanos.

“¿Por qué lo hacemos? Porque concebimos que el acceso a la salud es un derecho. Nosotros creemos que si a alguien no le alcanza para un medicamento, entonces la salud se convierte en un privilegio. El gobierno tiene una obligación y es darle salud a todas y todos los mexicanos, la mejor atención posible”, afirmó.

Este nuevo hospital está equipado con 66 camas, 18 consultorios, tres quirófanos y un quirófano inteligente, lo que lo convierte en una unidad de mediana complejidad capaz de llevar a cabo procedimientos quirúrgicos especializados. La infraestructura está diseñada para mejorar la atención médica pública en la zona conurbada de Cuernavaca, enfocándose en Jiutepec, que es uno de los municipios con mayor actividad industrial y población trabajadora en Morelos.

Como parte del Plan Nacional de Infraestructura Hospitalaria, Sheinbaum recordó que se han completado 29 hospitales en diversas partes del país. Además, el programa incluye la construcción de infraestructura adicional que aportará 9 mil 139 camas al sistema público de salud.

El IMSS Bienestar, que se encarga de atender a aquellas personas que no cuentan con seguridad social, es parte de la estrategia del gobierno federal para expandir la cobertura médica gratuita. En este sentido, el hospital de Jiutepec reforzará la red de atención ya existente en Morelos, donde la demanda de servicios de salud pública sigue siendo alta debido a la densidad poblacional de la región.

La presidenta enfatizó que la creación de hospitales y el fortalecimiento de la infraestructura sanitaria son responsabilidades del Estado y no una concesión política, considerando que garantizar un acceso a servicios médicos dignos es una obligación pública esencial.