La Comisión de Justicia del PAN nacional desechó la impugnación contra la planilla ganadora el mismo día de la votación. La fórmula perdedora anuncia batalla en tribunales y el expediente del Tesoro de EU sobre la ruta del combustible en la frontera sigue creciendo.

Por Gildo Garza

Ciudad Victoria, Tamaulipas, 5 de julio de 2026.— La planilla encabezada por Gloria Garza Jiménez y César “Truko” Verástegui Ostos ganó este domingo la elección interna del PAN en Tamaulipas y controlará el Comité Directivo Estatal rumbo a los comicios de 2027 y 2028. El triunfo, sin embargo, llega acompañado de una resolución partidista dictada en plena jornada electoral, una impugnación que se muda a tribunales y un expediente binacional de huachicol fiscal que no se cierra con ninguna cédula interna.

Horas antes de que concluyera la votación, la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN notificó la resolución del expediente CJ/JIN/027/2026: sobreseyó parcialmente el juicio de inconformidad promovido por la fórmula rival, declaró infundados los agravios de fondo y confirmó el acuerdo CEPE/TAM/004-2026 de la Comisión Estatal de Procesos Electorales, con lo que el registro de la planilla ganadora quedó firme.

El nombre que incendió el proceso

El conflicto interno estalló por un registro de tres días. El 22 de mayo, la planilla de Garza y Verástegui inscribió como integrante número cuatro a José Alejandro Llanas Alba, exdiputado local y propietario de Grupo Jala Logística, S.A. de C.V., empresa sancionada desde el 1 de mayo de 2025 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en la misma acción que designó a César Morfín Morfín, “El Primito”, señalado por Washington como jefe de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación dedicada al contrabando de combustible en Tamaulipas.

El 25 de mayo, tres días después y ya con el caso exhibido en medios nacionales, Llanas Alba fue sustituido por Armando Leonardo Becerra del Toro.La fórmula rival, integrada por Omeheira López Reyna y Francisco Garza de Coss, impugnó el registro con un argumento de fondo: todos los integrantes de las planillas firmaron una declaración bajo protesta de decir verdad de no mantener relaciones económicas, políticas, personales o análogas con personas vinculadas a actividades previstas en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Para los impugnantes, esa declaración es incompatible con el registro original de Llanas Alba, y la sustitución posterior no hace desaparecer el vínculo. El recurso planteó incluso la “fundada sospecha” de que recursos del contrabando de combustible pudieran haber financiado la campaña interna ganadora, señalamiento que no ha sido acreditado por autoridad alguna.

La Comisión de Justicia consideró que los argumentos no alcanzaban para cancelar la candidatura. López Reyna adelantó que el pleito continúa: afirmó que el proceso ya está judicializado, que presentó el primer recurso ante tribunales desde el viernes y que durante la jornada se registraron incidencias y amenazas en Altamira, Soto la Marina y Ciudad Victoria. El siguiente escalón es el juicio ciudadano ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de modo que la resolución interna no es todavía definitiva.

Washington volvió a golpear la misma ruta cinco días antes

El contexto que rodea la elección se agravó a cinco días de las urnas. El 30 de junio, OFAC y FinCEN sancionaron a los mexicanos Oscar Guillermo Juraidini Silva y J. Refugio Ruiz Villagómez, junto con nueve empresas de transporte, logística, servicios financieros e inmobiliarios —entre ellas Jomadi Logistics & Cargo, que ya acumulaba indagatorias de la FGR—, como parte de una red de contrabando de combustible que, según el Tesoro, genera decenas de millones de dólares anuales en beneficio del CJNG. La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda bloqueó en paralelo las cuentas de los designados y de nueve personas adicionales.

En esa acción, el Tesoro incluyó una afirmación de alto voltaje político: las ganancias del robo y contrabando de combustible habrían sido utilizadas para pagos en efectivo destinados a financiar campañas políticas y medios de comunicación locales en México. La presidenta Claudia Sheinbaum exigió el 1 de julio que Estados Unidos presente las pruebas de ese señalamiento.

Una precisión es necesaria: el comunicado del 30 de junio no vincula a Juraidini ni a Ruiz Villagómez con la planilla panista de Tamaulipas, y no existe imputación penal formal contra Garza Jiménez, Verástegui Ostos ni Llanas Alba, a quienes asiste la presunción de inocencia. Lo que la acción confirma es el mapa: Tamaulipas, la frontera, las empresas de transporte y el combustible forman la ruta que Washington mantiene bajo sanción activa, y sobre esa misma ruta se libró la disputa por el control del PAN estatal.

Las preguntas que la cédula no responde

La resolución interna resolvió lo electoral; lo político quedó abierto. La nueva dirigencia no ha explicado quién propuso e incorporó a Llanas Alba, qué filtros de revisión de antecedentes operaron antes de la firma de la declaración bajo protesta, ni qué relaciones económicas o políticas existieron con el propietario de una empresa sancionada por Estados Unidos. Tampoco la dirigencia nacional de Jorge Romero ha detallado si ordenó una revisión de fondo de la planilla o si se limitó al examen formal de agravios.

El desenlace deja al PAN frente a su propia vara: el partido que ha hecho de la denuncia de la narcopolítica una bandera nacional resolvió el señalamiento en casa por la vía burocrática —una sustitución, una cédula, una confirmación—. Queda pendiente lo que no depende del partido: la eventual revisión del TEPJF, las facultades de fiscalización del INE sobre el origen de los recursos de los procesos internos y las líneas de investigación financiera que, del otro lado de la frontera, siguen sumando nombres a la misma ruta.

Garza y Verástegui ganaron la elección. El expediente, dentro y fuera del país, sigue abierto.