El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, reconoció que durante la manifestación del domingo 11 de octubre en Guadalajara se empleó fuerza excesiva y se realizaron detenciones injustas. La protesta se llevó a cabo debido a la mala calidad del agua que reciben los habitantes en sus domicilios. El mandatario admitió que el operativo policial tuvo fallas significativas y que la situación se descontroló.
Luego de revisar múltiples videos de los sucesos frente a Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador, Lemus aceptó que algunos policías cometieron excesos durante la manifestación. Reconoció también que no debieron utilizarse chorros de agua ni gases para dispersar a los manifestantes.
El gobernador informó que todas las personas arrestadas ese día ya fueron liberadas. Según los informes, se detuvo a 39 personas tras los incidentes, en una protesta motivada por el descontento ciudadano ante el suministro de agua turbia, con olores desagradables y posibles condiciones de contaminación.
Lemus anunció el inicio de una investigación interna para esclarecer los hechos y definir posibles sanciones para los policías implicados. Este proceso contará con la supervisión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, con el fin de establecer responsabilidades y asegurar la reparación a las personas afectadas.
El gobernador hizo este reconocimiento tras las críticas recibidas por las detenciones y la actuación policial, así como las denuncias de familiares, abogados y organizaciones defensoras de derechos humanos sobre el trato a los manifestantes. El caso también generó presión política para que las autoridades estatales esclarecieran lo ocurrido.
Asimismo, Lemus aseguró que los abusos cometidos por los agentes no quedarán impunes y enfatizó que su administración debe evitar que situaciones similares se repitan. La investigación deberá determinar el grado de responsabilidad de cada policía señalado.
En medio de la controversia, el gobernador defendió el proyecto del acueducto sustituto Chapala-Guadalajara y negó que esta iniciativa implique la privatización del servicio de agua potable, la contratación de deuda pública o el aumento en las tarifas para los usuarios.
