La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma que tipifica el reclutamiento criminal como un delito y establece penas privativas de libertad para quienes incorporen personas a organizaciones delictivas, con el propósito de cerrar lagunas legales y fortalecer la protección a las víctimas.
Este dictamen, avalado con 419 votos a favor, modifica la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, buscando sancionar a quienes capten, induzcan o recluten individuos para integrarlos a grupos criminales o involucrarlos en actividades ilegales.
Según la reforma, quienes incurran en este delito enfrentan penas de prisión de 10 a 20 años, además de multas que van de 5 mil a 50 mil días. En casos donde el reclutamiento se efectúe mediante amenazas, intimidación, coacción, violencia física o moral, o abuso de autoridad, las penas aumentarán a entre 15 y 25 años de cárcel, junto con multas de 10 mil a 80 mil días.
Un aspecto fundamental de la reforma señala que el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes será considerado forzado sin importar las circunstancias en las que hayan sido captados, con la finalidad de reforzar la protección de los menores contra las redes delictivas.
Además, la reforma establece que las autoridades pueden iniciar investigaciones de oficio sobre estos casos, sin necesidad de que las víctimas presenten una denuncia, dado que muchas personas reclutadas se encuentran bajo amenazas, intimidación o control de sus agresores.
Durante el debate, legisladores de diversas fuerzas políticas coincidieron en la urgencia de combatir el reclutamiento mediante engaños, falsas ofertas laborales y amenazas, especialmente a través de redes sociales y otros medios de comunicación.
Una vez aprobado en San Lázaro, el proyecto fue enviado al Senado de la República para continuar con el proceso legislativo, por lo que aún falta completar el trámite correspondiente antes de que las nuevas normas entren en vigor.
